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viernes, 12 de noviembre de 2010

En Procuradurìa de la Administración: ESPIABAN A SU PROPIO PERSONAL

Se interceptaron y grabaron, por varios meses, conversaciones telefónicas de anteriores y actuales funcionarios, sin contar con una autorización judicial. En la Procuraduría de la Administración, a cargo de Oscar Ceville. Esto se registró entre enero y agosto del año 2005; y pudo alcanzar hasta al hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Benavides, cuando este era secretario general de la Procuraduría de la Administración. El Código Penal actual sanciona con penas de hasta cuatro años de prisión a quien intercepte comunicaciones o utilice artificios técnicos de escuchas sin orden judicial.La Procuraduría de la Administración también levantó una bitácora de llamadas entrantes y salientes (número de teléfono, fecha, hora y duración) de la línea telefónica que tenía Benavides en su oficina, ubicada en la sede central, al lado del Parque Porras. El magistrado Benavides -quien laboró por 31 años en la Procuraduría de la Administración, 22 como secretario se mostró sorprendido cuando vió los registros de las llamadas en su despacho, el pasado miércoles. “He quedado frío con la información que me están suministrando”, se limitó a decir, mientras movía lentamente la cabeza de un lado a otro, en señal de desaprobación.
Benavides dijo que por haber pasado “tanto tiempo” no recordaba algunos números telefónicos que se le mostraron.
No obstante, identificó los nombres de cada una de las personas que visitaron su despacho en julio de 2005 y que reposan en una lista, incluyendo sus respectivos números de cédula.
El funcionario prefirió no emitir -en grabación- una opinión ni usar calificativos por su condición de magistrado de la Corte Suprema.
Un mes después que se levantó esta bitácora, Benavides renunció al cargo y al ser cuestionado sobre su decisión en aquel momento, dijo: “Por mí, yo no hubiera renunciado”. Se pinchó en el CIMAP. Los “pinchazos” telefónicos y las grabaciones no solo se realizaron en las antiguas oficinas de Benavides, aseguró una fuente que conoció de esta situación y que prefirió mantenerla estricta confidencialidad de su identidad. También hubo interceptaciones y grabaciones telefónicas en el Centro Istmeño de Modernización de la Administración Pública (CIMAP), en Curundú. En este lugar se reunía la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, nacida en 2005, a raíz de acusaciones de corrupción entre magistrados de la CSJ. De hecho, los audios también contienen información relacionada con esta iniciativa.
Génesis. Todo empezó semanas después de que Óscar Ceville reemplazó a Alma Montenegro de Fletcher en la Procuraduría de la Administración. El informante narró que la orden de las interceptaciones telefónicas y las grabaciones fue verbal y la dio el Procurador y que de esto tenía conocimiento el secretario general, Nelson Rojas. El equipo utilizado para esta actividad se compró en Radio Shack y por él se pagó dinero en efectivo, agregó el informante. “El trabajo lo realizó una persona con conocimientos

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