A pesar de los cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil y el reclamo de países como Estados Unidos, Canadá e Italia, el Gobierno ha sido poco preciso en sus respuestas frente a los hechos ocurridos en Bocas del Toro de julio pasado, que dejaron 716 heridos y al menos dos muertos.Así lo advirtió ayer el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, tras hacer referencia al feedback que ha recibido del Ejecutivo luego de la presentación del Informe especial de seguimiento y análisis final, que hizo su despacho sobre los disturbios en Changuinola.
Vargas precisó que, tras la divulgación de dicha investigación hace 15 días, solo recibió como respuesta una comunicación en la que el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, le indicó que el Gobierno cumplirá algunos de los temas planteados en el informe, sin precisar detalles.
Advirtió que espera una respuesta concreta de parte de las autoridades en lo que respecta a las investigaciones sobre los sucesos, las cuales deben concluir con el castigo de los culpables.
Asimismo, señaló que el Ejecutivo debe responder acerca de la petición que hizo la Defensoría y la comisión investigadora designada por el Ejecutivo para que se repare a las víctimas, lo cual, a su juicio, debe ir en el plano económico y en el moral.
Recordó que el pasado 2 de noviembre, en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se reunió para revisar el estado de los derechos humanos en Panamá.
“En esa oportunidad, varios Estados plantearon su preocupación por los hechos ocurridos en Bocas del Toro y pidieron a Panamá que se aclare lo sucedido y se castigue a los culpables. De tal manera que esto no ha terminado, si es que alguien pensaba que era así tras la presentación de los informes”, dijo Vargas.
El defensor instó a la sociedad civil a estar vigilante, para que el Estado asuma sus responsabilidades.
“El Estado ha hecho un mea culpa desde el principio, pero ahora hay que examinar cuáles son las posibilidades y los mecanismos para reparar el daño”, apuntó.
La Prensa quiso consultar varias veces al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, sobre este informe, pero no fue posible. Su viceministro, Alejandro Garuz, en cambio, dijo hace días que prefería no opinar porque tenían su propia visión de lo sucedido y esta no se reflejó en el informe.
El vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, en cambio, indicó que lo importante es que hechos como los de Bocas del Toro no vuelvan a suceder.
Sorpresa
Por otra parte, Vargas se dijo sorprendido tras lo dicho por la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea, que consideró viables los dos proyectos presentados en octubre por grupos de abogados y periodistas, uno de los cuales persigue la despenalización total de los delitos contra la honra y el otro todo lo contrario, así como el endurecimiento de las penas de prisión a los periodistas.
A juicio de Vargas, esa posición de la Asamblea refleja una “clara inconsistencia”.
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